Este lunes, quien será secretario de Comunicaciones y Transportes en la administración de López Obrador, Javier Jiménez Espriú, señaló que, aunque aún no se ha definido cómo se realizará la consulta popular respecto al tema del nuevo aeropuerto, solo se plantearán en esa consulta las opciones que sean viables.
Va a ser interesante cómo determinan la viabilidad de las propuestas.
Desde el viernes pasado, cuando AMLO y su equipo presentaron los documentos respecto a esta problemática, señalaron que, de acuerdo con la opinión de MITRE, una institución internacional dedicada, entre otras cosas, a temas de seguridad aeronáutica, la operación comercial de un aeropuerto en Santa Lucía y el actual AICM, no es factible.
Subrayo lo de operación comercial, porque de facto hoy las operaciones coexisten. Sin embargo, la operación comercial solo está en el AICM y en Santa Lucía solo hay vuelos militares.
Otras alternativas presentan complicaciones
La posibilidad de coexistencia deriva del escaso número de operaciones y del tipo de equipos empleados en la aviación militar.
Lo que MITRE argumenta es que, por razones de espacio aéreo, existirían múltiples interferencias que entorpecerían severamente la operación de los dos aeropuertos, complicando el problema de saturación en lugar de resolverlo.
Los documentos hechos públicos el viernes señalan que, de acuerdo con el equipo técnico de AMLO y un grupo chileno, sí es viable la operación simultánea de los dos aeropuertos.
Cuentan que discutieron ampliamente con el director general de MITRE, el doctor Bernardo Lisker, quien defendió la imposibilidad operativa de la coexistencia de las dos terminales.
Los chilenos que están apoyando al promotor de la opción de Santa Lucía, el constructor José María Riobóo, señalan que antes de optar por Santa Lucía, se necesitaría un informe de otra agencia internacional, lo que requeriría un lapso de alrededor de cinco meses.
Pros y contras de una consulta pública
El problema es que López Obrador señaló que la fecha para realizar la consulta popular será en el mes de octubre.
Es decir, aún si se contratara el estudio desde este momento, sus resultados podrían estar listos hasta finales de enero.
En otras palabras, solo estaría disponible un dictamen convincente sobre la opción de Santa Lucía tres meses después de realizadas la consultas.
Si solo se someten a consulta las opciones viables, lo único que podrá cuestionarse es el esquema para terminar la construcción en Texcoco, o bien la cancelación definitiva de ese proyecto, con todas las pérdidas económicas que implica.
Es muy factible que realmente, la localización de la nueva terminal tenga múltiples problemas derivados del tipo de suelo y del entorno. Pero pareciera que, en todo caso, habría manera de solucionar esos inconvenientes.
El otro aspecto, el de carácter financiero, también sería resoluble si se buscan esquemas de concesión.
Es probable que no se necesite concesionar el aeropuerto como tal sino toda una serie de negocios adicionales, como las zonas comerciales y las áreas aledañas.
Se ha estigmatizado la consulta pública planteada por AMLO, pero la realidad es que, en casi todo el mundo, las grandes obras de infraestructura desencadenan reacciones diversas de la población y no es inusual que se realicen diversos tipos de consulta.
El problema es la mala fama de las consultas que realizó AMLO en el entonces DF durante su gestión y los errores de comunicación que han tenido.
Habrá que ver qué posición adoptan los grupos de ingenieros que aceptaron asesorar al nuevo gobierno.
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